Artículo de opinión publicado en la revista "DIÁLOGO POLÍTICO" del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
http://dialogopolitico.org/?p=3075
¿Sabía usted que de todos los países democráticos del mundo solamente un 13 % practica el voto obligatorio?
Más interesante aún es saber que la gran mayoría de los 26 países que componen este 13 % global se encuentran en América Latina [1]. ¿Es realmente el voto obligatorio una garantía para la democracia? ¿Cuánto influye este sistema en el hecho de que los movimientos populares se extiendan o reduzcan con facilidad?
Estas son algunas de las preguntas que se nos plantean al ver el mapa de países con sistemas de voto obligatorio y de aquellos con voto facultativo. Quienes sostienen la aplicación del voto obligatorio argumentan que cuando un gran porcentaje de la población participa en las elecciones, las decisiones tomadas por los gobiernos elegidos son más legítimas y representativas de los intereses de la sociedad. Sostienen, además —tomando en consideración que la democracia es el gobierno del pueblo—, que la amplitud de este concepto incluye a todo el pueblo; por lo tanto, es responsabilidad de cada persona elegir a su representante.
¿Puede sostenerse que la participación en las instancias electorales se considere una obligación o un deber (como sucede en estos 26 países)? No resulta correcto sostener la existencia de un derecho cuyo ejercicio sea obligatorio.
Los derechos son, por definición, facultativos. Si bien existen derechos no renunciables (como los derechos laborales), no existen derechos que a la vez constituyan deberes. Cualquiera de nosotros entonces, tratándose de derechos, puede elegir ejercerlos o no, y esto no debería generar afectación alguna a estos derechos.
El premio nobel de literatura Octavio Paz aseguraba que «cuando la libertad y el derecho son impuestos por la fuerza, se convierten en tiranía». ¿Y no constituiría justamente eso la obligación del ejercicio del voto? ¿No resulta una imposición «por la fuerza» el obligar a ejercer un derecho del que se jactan los pueblos libres?
Ahora bien, ¿resulta justo y es representación de una verdadera democracia asumir las consecuencias de un electorado que no razona su voto o no considera importante su participación en actos decisivos para la vida y futuro de una nación?
El voto facultativo permite asumir con mayor precisión la decisión del votante, presumiendo que ha sido razonada y consciente, dado que es voluntaria. Es producto de un proceso que lo lleva a elegir el ejercicio de su derecho al voto a favor de uno de los candidatos disponibles, o directamente en contra de todos ellos (votando en blanco o anulado, por ejemplo).
El temor creciente en ciertas sociedades respecto al desinterés de la ciudadanía en las actividades electorales no deja de ser el mismo fantasma en los sistemas con voto obligatorio. El forzar la participación no necesariamente implica que quien participa lo haga con un interés legítimo.
La obligatoriedad del voto facilita que muchas personas, sin un análisis previo de los candidatos y sus propuestas, decidan por impulso o basados en factores aleatorios sobre temas que demandan seriedad y conciencia.
Elegir el rumbo político que afectará la dirección económica, social y cultural de un país no es una decisión que deba ser tomada a la ligera; y nuestro sentido de responsabilidad ciudadana, en muchas ocasiones, se ve desprestigiado y menoscabado por los miles de votantes que ejercen esta responsabilidad negligentemente, por tratarse de una imposición (que de no cumplirse traerá consecuencias; algo que podría ser cuestionado también).
Quedaría planteado un aspecto interesante sobre la influencia de esta variable en el tipo de campañas que realizan los candidatos de cara a una elección.
Es lógico suponer que, dada la instancia obligatoria, los candidatos presenten una campaña más mediática, apelando a los sentimientos de la gente, tratando de cautivar al votante obligado con frases emotivas y propaganda dirigida a las emociones más que a la razón. Es común ver que este tipo de campañas, bajo una perspectiva racional, utilizan falacias y pseudoverdades (aunque podemos estar de acuerdo en señalar que una verdad a medias es una mentira completa).
Si el acto eleccionario no es obligatorio, el candidato debe motivar al ciudadano a levantarse y ejercer su derecho el día de la elección, por tanto requerirá de mucho más que una campaña emotiva; el nivel de discusión entre candidatos será mayor y tendrá cierta cuota de influencia orientada a la razón.
Por lo expuesto, creo que es momento de cuestionarnos si este sistema aplicado en un 13 % del total de los países es el que debemos seguir manteniendo para los próximos tiempos. Aún más conociendo y reconociendo que, en cada campaña, el marketing político avanza apuntando a sectores de la población que en definitiva basarán su decisión (en un asunto que requiere y demanda consciencia) en emociones y colores, más que en análisis y razones.
[1] Según datos de IDEA (Institute for Democracy Electoral Assistance).
Dr. Fabricio de la Rosa | @fadelar
Uruguayo, abogado con formación en mediación y negociación